En su discurso de investidura, el nuevo Presidente del Gobierno de España ha hecho referencia a la necesidad de valorar adecuadamente determinados activos inmobiliarios en el proceso de reestructuración del sistema financiero. La dudosa valoración de los activos menos líquidos como solares o promociones paradas podría estar “impidiendo un acceso adecuado de las entidades financieras a mercado, ya la vez, contaminan la credibilidad de la deuda pública“, situación que propone revertir con una valoración más prudente. Según reconoce “estas medidas supondrán la asunción de pérdidas latentes u ocultas” que aún no han sido asumidas.

A diez días de fin de años, esta voluntad de sanear los balances financieros parece confirmar las esperanzas que habían depositado inmobiliarios y banqueros en una nueva prórroga (la actual finaliza el día 31) de la Disposición Transitoria Tercera de la la actual Ley de Suelo, Ley 8 / 2007, de 28 de mayo, evitando que los terrenos urbanizables no ejecutados pasen a ser valorados como rústicos depreciándose hasta un 90%, hecho que provocaría la quiebra automática de muchas inmobiliarias y entidades financieras.

Recordemos que la actual Ley de Suelo establecía las bases de la valoración del suelo con una novedad importante, la desaparición del concepto de Suelo Urbanizable y la definición de dos únicas Situaciones Básicas : Suelo Urbanizado y Suelo Rural. Es decir, sería considerado rústico todo suelo que no esté urbanizado. La ley, pero en la práctica llevaba una prórroga implícita de tres años (hasta 2010) que el Real Decreto-Ley 6 / 2010, de 9 de Abril, alargó hasta Diciembre 2011.

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