El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, que desarrolla esta norma, tal como establecía su texto refundido, para mejorar el funcionamiento del mercado del suelo, hacerlo más transparente y eficiente, combatiendo eventuales prácticas especulativas en la utilización del mismo.
El nuevo reglamento no afecta al suelo de mercado libre que seguirá teniendo como norma de referencia del ECO 805/2003 del Ministerio de Economía y Hacienda sino que sólo se aplicará en supuestos de reparcelaciones, expropiaciones, ventas y sustituciones forzosas y en los casos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Dada la complejidad técnica que acompaña a la valoración inmobiliaria, el texto incorpora metodologías concretas aplicables a cada situación y las fórmulas matemáticas específicas, con el objetivo de introducir el mayor rigor en las valoraciones, eliminando márgenes de error derivados de la inexistencia de estas fórmulas.

Concretamente:
 – En el suelo rural, se abandona el método de comparación con la intención de evitar elementos especulativos y se establecen exhaustivamente coeficientes dependiendo de factores como la localización.
 – En el suelo urbanizado, se establecen métodos de valoración que dan lugar a tasaciones equivalentes a las que se podrían obtener mediante el método de comparación, en el propio mercado y se aclaran conceptos como la Edificabilidad media ponderada de una actuación o ámbito espacial de referencia tal como avanzábamos en un artículo anterior.

La voluntad del nuevo reglamento es combatir las eventuales prácticas especulativas que se producían en el pasado, eliminando la valoración de expectativas de futuro y evitando las expropiaciones millonarias que han tenido que afrontar las concesionarias de infraestructuras en la construcción de aeropuertos, vías férreas o de autopistas de peaje. A modo de ejemplo las expropiaciones necesarias para la construcción de la T-4 de Madrid-Barajas costaron 2.000 millones de euros, es decir, un tercio del coste de la obra que ascendió a 6.000 millones.

Paralelamente a la aprobación de este reglamento, pendiente de la firma del Rey, los promotores han reclamado una nueva prórroga de la Ley del Suelo, anteriormente ya prorrogada hasta Diciembre de 2011 (ver artículo anterior), con la intención de evitar que los suelos urbanizables que incumplan los plazos de ejecución previstos en los planes o que no estén urbanizados a 31 de diciembre de 2011, sean valorados, en caso de expropiación o ejecución forzosa, a precios de rural. Hay muchas empresas inmobiliarias cotizadas y bancos que tienen suelos en este estado, y no tienen financiación para acabar las obras de urbanización, de ahí la preocupación del sector.